Artículo de +972

por Haggai Matar                                                           Trad. Pamagal

Cualquiera que condena la nueva ley de israel autorizando el robo de tierra privada palestina, mientras olvida el robo masivo ocasionado por el proyecto de asentamientos como un todo, está cometiendo una injusticia con la lucha por igualdad en esta tierra.

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El líder del partido judío Naftalí Bennett en una sesión plenaria del Knesset para votar sobre la ley de formalización, Jerusalén, 6 de febrero de 2017 (Yonatan Sindel/Flash90)

El lunes por la noche la Knesset aprobó la “ley de la formalización” (también traducida como la “ley de normalización”) que en forma retroactiva legaliza docenas de asentamientos en Cisjordania – casi 4,000 unidades habitacionales. La ley esencialmente formaliza el robo de colonos a las tierras privadas de palestinos, permitiendo que el estado obligue a compensar a los palestinos por tierras que poseen y que han sido tomadas por los colonos.

La ley es escandalosa. El fiscal general de israel, nombrado por Netanyahu, ya ha dicho que es inconstitucional y que él no podrá defenderla en el Tribunal Supremo de Justicia. Varias ONGs de derechos humanos ya han firmado con la intención de solicitar al Tribunal Supremo que anule la ley.

También es excepcional porque los territorios ocupados de Palestina nunca han sido anexados a israel, lo que significa que las leyes dentro de ellos (debían ser) decididas por oficiales del régimen militar, no por el parlamento israelí quien no tiene jurisdicción.

Dejando de lado la conmoción de que tan terrible legislación se aprobó, necesitamos recordar que la ley es una gota en el océano del proyecto de asentamientos, la iniciativa más grande en los territorios ocupados.

Cada gobierno israelí de los últimos 50 años ha contribuido a traer más de 750,000 de sus ciudadanos dentro de los territorios ocupados por israel en 1967. Establecer asentamientos en los territorios ocupados va en contra del derechos internacional como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recientemente nos lo recordó. Ningún país en el mundo ha reconocido nunca la legalidad de los asentamientos, incluso el Tribunal Supremo de Justicia de israel se ha negado a hacerlo.

Hay una sencilla lógica para prohibir que una potencia ocupante transfiera a sus propios ciudadanos dentro del territorio que está ocupando: primero, para permitir una solución al conflicto al prevenir que un estado desarrolle intereses de largo plazo a través de un gobierno militar; en segundo lugar, para proteger contra el robo de recursos del grupo bajo ocupación; y en tercer lugar, para prevenir una situación en donde dos grupos separados vivan en la misma tierra bajo regímenes legales separados.

La realidad en los territorios ocupados demuestra estos puntos: gracias a los asentamientos, Cisjordania es la patria de ciudadanos israelíes que viven bajo la democracia israelí y disfrutan los mismos derechos que aquellos que viven dentro de israel y a su lado los palestinos que viven bajo el régimen militar israelí. El último grupo carece de derechos básicos, no puede elegir quien lo gobierna y sus vidas están determinadas por leyes militares emitidas por oficiales del ejército israelí.

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Un palestino del poblado Bil’in en Cisjordania observa el bloque del asentamiento de Modi’in Illit. (foto: Oren Ziv/Activestills.org)

Los sistemas legales separados permiten el robo de recursos a gran escala. No es casualidad que sólo el 1% de la tierra en el Área C de Cisjordania controlada por israel (más del 60 por ciento del territorio) se divida en zonas para el desarrollo palestino y el resto para judíos. Y con más de 750,000 colonos, se hará cada vez más difícil hablar de una retirada de los territorios ocupados palestinos.

Cada gobierno israelí desde que la ocupación comenzara ha tomado parte en el sistemático robo de tierra palestina – desde Simón Peres, uno de los padres fundadores de los asentamientos, hasta Isaac Rabin, bajo cuyo liderazgo el número de asentamientos se duplicó, hasta la actual coalición gobernante. El Tribunal Supremo de Justicia también ha participado, sellando el robo, como lo han hecho los bancos, que dan hipotecas para  la construcción ilegal de viviendas en tierras palestinas.

Canteras y compañías mineras también toman parte, junto con compañías que ayudaron a construir el muro de separación de Cisjordania. El muro, que en contravención de una determinación legal internacional no sigue la Línea Verde, ha anexado eficazmente tierras palestinas para beneficio de los asentamientos.

Soldados y oficiales de policía que vigilan este robo y mantienen un regimen discriminatorio también son participantes en el proyecto de asentamientos. La lista de contribuidores continúa.

La lógica detrás de cualquier acción gubernamental en los territorios ocupados durante los últimos 50 años ha sido hacer “lo que sea bueno para los judíos.” Había, en el pasado, un intento de presentar esta lógica como una ‘ocupación ilustrada,’ con al menos el mínimo respeto por una apariencia de justicia. La formalización de la ley representa el total abandono de esa pretensión.

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Un colono judío ve cómo una casa caravana en el puesto de avanzada ilegal de Ramat Gilad es removida; fue después reubicada en otro asentamiento de Cisjordania el 14 de marzo de 2012. (Roy Sharon/Flash90)

Uno puede suponer que el Tribunal Supremo tratará en su momento de restablecer este caracter de equidad, aunque no antes de congelar la evacuación de al menos 16 puestos de avanzada ilegales en tierras privadas, y no antes de que los colonos hayan aprovechado la oportunidad de apropiarse de más tierra.

Pero con o sin estas apariencias hacia el exterior, el proyecto de asentamientos es el corazón de la ocupación. Cualquiera que da su opinión sobre la formalizaciópn de la ley mientras olvida estos hechos está cometiendo una injusticia a la lucha por la paz y a la igualdad en esta tierra.

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Un comentario final en respuesta anticipada a las reacciones de este artículo: este texto no tiene como intención dar a entender que los judíos no deberían poder vivir en un área específica, región o territorio, o que la única solución es el desmantelamiento de todos los asentamientos, o que es necesario que haya un área sin judíos en ella.

El problema fundamental con los asentamientos – lo que hace de la ocupación una ocupación- es el regimen militar que implementa dos sistemas legales separados para judíos y palestinos. Una existencia compartida es posible en esta tierra, ya sea en un solo estado cuyos súbditos todos son ciudadanos con los mismos derechos, o dos estados que viven en paz lado a lado, o en una federación. El problema es el robo y la política unilateral que surge de la percepción de la supremacía judía y la exclusividad en cada área, respaldada por la fuerza militar.

Si eliminamos el regimen militar, regresamos lo que ha sido robado o deshecho, reconocemos los derechos de los palestinos y juntos concebimos acuerdos basados en la igualdad en esta tierra, cualquier cosa es posible. Pero tenemos que hacerlo juntos. De otra manera, todo lo que estamos haciendo sólo es parte de una gran ley de formalización que ha estado sucediendo durante los últimos 50 años.

 

 

 

 

 

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